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Reclama sea declarada inconstitucionl resolución crea reglamento uso fuerza pública

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Por Miguel Aníbal De La Cruz / Abogado

1  PORQUE DEBE SER DECLARADO INCONSTITUCIONAL LA:
A) Resolución Núm. 14379-05, de fecha 11 de Noviembre del 2005, emitida por la Procuraduría General de la Republica, que crea el Reglamento para autorización de la fuerza publica para el público.

B) Circular de fecha 4 de abril 2012.

Para no entrar en consideraciones, les dejo el recurso que me propongo depositar luego de sus comentarios y recomendaciones, espero les guste.

JUICIO, VERDAD, JUSTICIA

ACCION DIRECTA EN DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Al:
Magistrado Juez Presidente y demás jueces que integran el  Honorable Tribunal Constitucional.


Asunto:
Acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad


De:
Vibdulio Payano Madrigal y compartes

Abogado:
Lic. Miguel Aníbal De La Cruz
Abogado y accionarte


Contra:
A) Resolución Núm. 14379-05, de fecha 11 de Noviembre del 2005, emitida por la Procuraduría General de la Republica, que crea el Reglamento para autorización de la fuerza publico para el público.

B) Circular de fecha 4 de abril 2012.




Anexos:

a)    Copia de la  Resolución Núm. 14379-05, de fecha 11 de Noviembre del 2005, emitida por la Procuraduría General de la Republica.

b)   Circular de fecha 4 de abril 2012, emitida por la Suprema Corte de Justicia.

C)anexos de sentencias definitivas: sentencias que se describen a continuación: : PRIMERO Copia en cabeza, cerificada de la sentencia no. 485/2011, de fecha 16/ 11/2011, evacuada por la honorable SUPREMA CORTE DE JUSTICA; SEGUNDO Copia en cabeza, cerificada de la sentencia no. 409/2011, de fecha 5/10/2011, evacuada por la honorable SUPREMA CORTE DE JUSTICA; TERCERO Copia en cabeza, cerificada de la sentencia no. 208/2011, de fecha 1/06/2011, evacuada por la honorable SUPREMA CORTE DE JUSTICA; CUARTO Copia en cabeza, cerificada de la sentencia no. 123-2010 de fecha 31-05-2009 evacuada por la honorable Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de la Romana; QUINTO Copia en cabeza, cerificada de la sentencia no. 305/2009 de fecha 14-12-2009 evacuada por la honorable Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de la Romana; SEXTO  Copia en cabeza, cerificada de la sentencia no. 127/2010 de fecha 07-07-2010 evacuada por la honorable Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de la Romana; SEPTIEMO   Copia en cabeza, cerificada de la sentencia no. 153/2009 de fecha 30-04-2009 evacuada por la honorable Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, OCTAVO   Copia en cabeza, cerificada de la sentencia no. 42-2010 de fecha 29-07-2010 evacuada por la honorable, NOVENO: Copia de la Sentencia de fecha 8 de febrero del año 2012, evacuada por la Suprema Corte de Justicia, DECIMO: 3 certificaciones de no apelación nos. 49-2010, 132-2010131-2010, evacuadas por  el tribunal laboral de la Romana y San Pedro de Macorís.

Honorables y Distinguidos Magistrados:

ACTUANDO A REQUERIMIENTO DE LOS SEÑORES: Vibdulio Payano Madrigal, dominicano,  mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 0270022103-5 domiciliado y residente en esta ciudad, Manuel Erasme Olivero Feliz, dominicano,  mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No.  018-0005121-8, Domiciliado y residente en esta ciudad, Príamo Vargas, dominicano,  mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No.018-0023025-0,  domiciliado y residente en esta ciudad, Yessenia Reyes, dominicana,  mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 022-0014339-0,  domiciliado y residente en esta ciudad,  José Francisco Guzmán Santana, dominicano,  mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 001-0396781-6, domiciliado y residente en esta ciudad, Irene Ástaco Santana, dominicano,  mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 026-0061543-5, domiciliado y residente en esta ciudad, Deiby Guerrero Zapata, dominicano,  mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No.026-0050238-5, domiciliado y residente en esta ciudad, Joaquina Mosquea Jiménez, dominicana,  mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No.026-0036401-8;  Charlie Hubiera y compartes , todos dominicanos,  mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral Nos.  Domiciliados y residentes en esta ciudad;  Miguel Aníbal De La Cruz,  domiciliado y residente en esta ciudad, todos con sus generales en la sentencia supra indicadas, Jhonny Peña Peña, dominicano,  mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 003-0055573-7, domiciliado y residente en esta ciudad, Joaquina Mosquea Jiménez, dominicana,  mayor de edad, portadora de la cedula de identidad y electoral No.026-0036401-8;  quienes tienen como abogado constituido y apoderado especial al liado. MIGUEL ANIBAL DE LA CRUZ,  dominicano, mayor de edad, casado, titula de la Cédula de Identidad y electoral No. 001-0414383-9, Abogado de los tribunales de la República, y accionarte conjuntamente, con domicilio profesional  nuevo a partir  presente acto, EN  LA JOSE CABRERA NO. 64, TERCER NIVEL, EDIFICIO TORRE SKY. ENSANCHEZ OZAMA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, BUFETE VICENTE Y GUZMAN CONSUETO & ASOCIADOS. TELEFONO 809 596-5043.  Lugar donde el abogado hace elección de domicilio para todos los fines consecuencias legales del presente acto, 589 421-7096


RESOLUCION O REGLAMENTO ATACADO  EN INCONSTITUCIONALDAD.

A)   
Resolución Núm. 14379-05, de fecha 11 de Noviembre del 2005, emitida por la Procuraduría General de la Republica.

Circular de fecha 4 de abril 2012.



Competencia de los accionantes

La competencia viene dada, por lo establecido en el art. 37 de la ley 137-11, sobre procedimientos constitucionales, el cual establece ¨…. Y cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

Los accionantes, se encuentran protegidos por dicha articulo, ya que son trabajadores que han adquiridos sentencias laborales que están revestidas de autoridad irrevocable de cosas juzgados; sentencias estas que no pueden ser ejecutadas por la imposición de la resolución impugnadas, así como la circular que impide que se lleve a cabo con ministeriales.

Estos trabajadores tienen un derecho adquirido que ha pasado a su patrimonio, un derecho fundamental proveniente de su trabajo, el cual tiene rango constitucional.



Es bueno puntualizar, que como en la ley 137-11, sobre procedimientos constitucionales, no establece la presunción por todos los ciudadanos sobre el interés legítimos de la constitucionalidad de los actos normativas, es forzado que se interprete que todo ciudadano simple tiene ¨ interés legítimos ¨, pues la constitucionalidad y su defensa, como su supremacía ¨ esta juricamente protegido para todo ciudadano,


COMPETENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:


La competencia del Tribunal Constitucional para conocer la presente acción en declaratoria de inconstitucionalidad se encuentra dispuesto en el Art. 185.1 de la Constitución y el 9 de la ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos Constitucionales.


Que la parte promotora de esta acción se encuentra ubicada dentro del concepto de parte interesada con interés legítimo y jurídicamente protegido, Art. 185 inciso (1), toda vez que se trata de trabajadores  los cuales han obtenidos  sentencia laboral definitiva, impedido de realizar embargo retentivo contra su deudor Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).


Por otra parte, la acción en inconstitucionalidad por vía directa o principal puede ser incoada no solo contra la ley en sentido estricto, esto es, las disposiciones de carácter general y abstracto aprobadas por el Congreso Nacional y promulgadas por el Poder Ejecutivo, sino también contra toda norma social obligatoria como los decretos, resoluciones y actos emanados de los poderes publico.


LOS HECHOS:


En fecha  once (11) días del mes de noviembre del año dos mil cinco (2005), la Procuraduría General de la Republica emitió la resolución No. 14379, a los fines de Reglamental el Otorgamiento del Auxilio de la Fuerza Publica para el publico en general.


DESCRIPCION DE LA RESOLUCION IMPUGNADA.


REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA


Resolución No. 14379

Nos, Lic. Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, encontrándonos en nuestro Despacho, asistido de la infrascrita Secretaria.

Por cuanto: El articulo 8, párrafo 2 literal J de la  Constitución de la República, consagra como un derecho fundamental de la persona humana, el debido proceso de ley, del que se deriva como garantía procesal, el derecho a la ejecución de las sentencias, títulos ejecutorios u otros actos de igual naturaleza emanados del Poder Judicial u otra autoridad competente;

Por cuanto: En el estado actual de nuestro ordenamiento jurídico, la concesión del auxilio  de la Fuerza Pública para la realización de la medidas de ejecución judicial, constituyen una atribución exclusiva del Ministerio Público, conforme lo establece el Articulo 16, letra q), de la Ley 78-03, del 15 de abril de 2003, que instituye el Estatuto del Ministerio Público, cuando refiriéndose a sus atribuciones prescribe: “Art.16: q) Otorgar a los funcionarios correspondientes el auxilio de la fuerza pública para garantizar la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales”;
Por cuanto: En virtud de lo prescrito por el Párrafo del artículo 545 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana, es una obligación de los representantes del ministerio público y de los funcionarios depositarios de la fuerza pública, prestar su concurso para la ejecución de los actos que tengan fuerza ejecutoria, siempre que formalmente se les requiera para ello;

Por cuanto: De igual modo, de conformidad con lo consagrado por el artículo 234 del Código Penal, constituye una obligación de los encargados y depositarios de la fuerza pública, prestar el auxilio de la fuerza pública, siempre que legalmente proceda;

Por cuanto: Los artículos 113 al 122 de la Ley 834, ambos inclusive, de fecha 15 de julio del 1978, establecen de manera clara y precisa las reglas generales sobre las sentencias que tienen fuerza ejecutoria;

Por cuanto: De igual modo, es de principio que el recurso de casación por si mismo no es suspensivo de la ejecución de las sentencias, excepto en los casos taxativamente indicados por la ley, como son los señalados por la parte in fine del articulo 12 de la de la Ley 3726, sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley 845, del 15 de julio de 1978: “En materia de divorcio, de separación de bienes, de nulidad de matrimonio, de cancelación  de hipoteca y de inscripción en falsedad, el recurso de casación es suspensivo de pleno derecho sin que sea necesaria la solicitud de suspensión”;

Por cuanto: El articulo 545 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 679 del 23 de mayo de 1934, prescribe las condiciones requeridas para la ejecución de los actos notariales que contengan obligación de pagar sumas de dinero, preceptuando como una obligación de los representantes del Ministerio Público, y de los funcionarios depositarios de la fuerza pública, prestar su concurso para la ejecución de los actos que tengan fuerza ejecutoria, siempre que formalmente se les requiera para ello;

Por cuanto: Las disposiciones generales previstas para la ejecución de las decisiones judiciales y actos notariales precisan de la adopción de reglas mínimas a seguir por el Ministerio Público, como depositario, para la consecución de la finalidad de la concesión del auxilio de la fuerza pública;

Por cuanto: El Ministerio Público está en la obligación de otorgar la fuerza pública al ministerial que se la solicite de manera formal, siempre y cuando dicha solicitud proceda legalmente, a los fines de preservar, tanto la integridad física de dicho oficial, como la ejecución de la sentencia o disposición legal objeto del requerimiento;

Por cuanto: La prestación del auxilio de la fuerza pública es un servicio público costoso para el Estado Dominicano, por lo que su otorgamiento debe estar reservado de manera exclusiva para aquellos casos en los cuales resulte necesario y sea procedente, de conformidad con la ley;

Por cuanto: Todo funcionario público debe tener como premisa el dispensar un trato igualitario a los usuarios de los servicios públicos bajo su responsabilidad, disminuyendo el margen de discrecionalidad en la adopción de sus decisiones; desterrando así la posibilidad de toda arbitrariedad;

Por cuanto: Sin perjuicio de todo lo anterior, es un deber ineludible para toda persona que desempeñe una función pública, evitar que el servicio que presta sea malversado, con el interés  de cometer abusos en contra de otros administrados, por lo que el titular de la correspondiente Procuraduría Fiscal está llamado a investigar y tomar medidas, ante toda denuncia en el sentido de que se haya hecho un uso abusivo o arbitrario del auxilio de la fuerza pública que haya sido prestada con su concurso; y proceder a someter a la justicia, penal y disciplinaria, a toda persona o auxiliar de la justicia que, mediante falsedades u otros fraudes, desnaturalice los nobles propósitos perseguidos por la ley y el presente reglamento interno.

Por cuanto: Corresponde al Procurador General de la República, de conformidad con la indicada ley 78-03, dictar la reglamentación interna del Ministerio Público;

Por tales motivos, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 47 de la Ley No. 78-03, sobre el Estatuto del Ministerio Público, dicto el siguiente:


REGLAMENTO PARA EL
OTORGAMIENTO DEL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA

Artículo 1.- Las Procuradurías Fiscales concederán el auxilio de la fuerza pública, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, en ocasión de las solicitudes formuladas por los ministeriales, a los fines del ejercicio de las vías de ejecución o de trabar medidas conservatorias, siempre que se encuentren reunidas las condiciones que se establecen en el presente Reglamento.        

Artículo 1.- Califican para el acompañamiento de la fuerza pública a los ministeriales para la ejecución de las siguientes decisiones judiciales o extrajudiciales, así como aquellas inherentes a leyes especiales o generales, para garantía del pago de sumas de dinero o trabar medidas de carácter conservatorio o ejecutorio de conformidad con la ley: 

1.    Las sentencias que no sean susceptibles del ejercicio de recurso suspensivo de ejecución, rendidas por los tribunales del orden judicial o del orden administrativo, sin perjuicio de las disposiciones del articulo 12 de la Ley No. 3726 de 1953 (Ley sobre procedimiento de Casación).
2.    Las sentencias susceptibles del ejercicio de algún recurso, cuyo plazo para su ejercicio, o el ejercicio del recurso mismo, sean  suspensivos de ejecución, siempre que, vencido el plazo para ejercerlo, la parte interesada  no lo haya interpuesto en el plazo conferido para ello.
3.    Las sentencias que se beneficien de ejecución provisional sobre original o minuta, con o sin prestación de fianza, de conformidad con las disposiciones de los artículos 127 y siguientes de la ley 834 del 15 de julio de 1978.
4.    Las ordenanzas de referimiento y las sentencias de amparo.
5.    La primera copia certificada o compulsa de los actos auténticos contentivos de obligaciones de pagar sumas de dinero, siempre que el término acordado esté vencido, o que se haya verificado la condición suspensiva o que no se haya suscitado la condición resolutoria, en los casos de créditos sujetos a condición.
6.    Las segundas o ulteriores copias  certificadas de los actos auténticos contentivos de obligaciones de pagar suma de dinero, siempre que su expedición  como título ejecutorio haya sido autorizada por el Juez competente, conforme las disposiciones del artículo 46 de la Ley No. 301 de 1964 (Ley del Notariado).
7.    Las actas de conciliación levantadas por los tribunales laborales, los tribunales represivos y los tribunales de niños, niñas y adolescentes.
8.    Los laudos emitidos por los árbitros, debidamente homologados, o sin necesidad de homologación, respecto de aquellos emitidos por los tribunales arbítrales organizados por los consejos de conciliación y arbitraje de las cámaras oficiales de comercio e industria. 
9.    Las sentencias dictadas por tribunales de naciones extranjeras, cuando hayan sido provistas del correspondiente exequátur.   
10.    Cualquier otro titulo que la ley declare ejecutorio, de manera expresa.

Párrafo: En todos los casos en que los actos que hayan dado origen a la sentencia o título ejecutorio han sido impugnados y dicha impugnación conste en resolución o decisión judicial produciendo contradicción entre ésta y el título que se pretende ejecutar,  el Ministerio Público se abstendrá de otorgar fuerza pública hasta tanto se resuelva el conflicto mediante decisión judicial definitiva.

Artículo 3.- Se otorgará la fuerza pública a los fines de dar protección al ministerial para trabar embargo conservatorio, para la prevención de los créditos que consten en los documentos siguientes:

1.    Los que hayan sido evaluados como justificados en principio y consten en una ordenanza sobre requerimiento, otorgada por el juez de primera instancia en atribuciones civiles, que autorice a trabar medidas conservatorias, de conformidad con los artículos 48 y siguientes del código de procedimiento civil.
2.    Los que consten en contrato de alquiler de inmuebles, a los fines de embargo conservatorio de los bienes muebles que guarnecen los lugares alquilados, sea con autorización del juez de paz y sin necesidad de que medie mandamiento de pago, bien precedido, de un mandamiento de pago en un plazo de un día, y sin autorización del juez de paz.
3.    Los que consten en autorizaciones para trabar medidas conservatorias emitidas, en materia penal, por los jueces de la instrucción o por cualquier otro juez penal competente.

Párrafo: Las Procuradurías Fiscales  retirarán el auxilio de la Fuerza Pública en caso de que el ministerial actuante pretenda trasladar los bienes embargados conservatoriamente del lugar donde los haya encontrado, a menos que la Ordenanza Judicial que autorice el Embargo lo consienta expresamente, que el embargado otorgue su consentimiento a que se trasladen los bienes o que el traslado sea autorizado por el Juez  de los Referimientos, en caso de apoderamiento sobre proceso verbal.              

Artículo 4.- En adición a las condiciones anteriormente señaladas, deberá verificarse previamente, antes de otorgar el auxilio de la fuerza pública, que a diligencia del persiguiente se ha cumplido con los siguientes requisitos:

1.    En materia de desalojo, incluso cuando sea ordenado por una sentencia de adjudicación o de venta en pública subasta de un inmueble, se le haya notificado al inquilino por desalojar, o al deudor expropiado, un oficio de la Procuraduría Fiscal otorgándole un plazo que no podrá ser menor de diez días ni mayor de veinte, a los fines de acatar voluntariamente la decisión  que le perjudica.

2.    En todas las materias, comprobar que la sentencia a ejecutar ha sido debidamente notificada al deudor o a la persona física o jurídica contra quien se ejecuta la acción, y de que la misma no ha sido objeto de algún recurso cuyo plazo para ejecutarlo o el ejercicio del recurso mismo, sea suspensivo, o que aún sin haber sido notificada, la misma cuenta con la aquiescencia de la parte condenada. La notificación se comprueba mediante la exhibición del acto de alguacil levantado al efecto, mientras que la ausencia de recurso se demuestra mediante la presentación de una certificación emitida por el tribunal ante el cual el recurso debió ejercerse.

3.    En los casos de embargo ejecutivos, que los mismos han sido precedidos de la notificación de un mandamiento a pagar en un día franco, notificando el titulo ejecutorio en cabeza del acto.

4.    Que tratándose de sentencias ejecutorias provisionalmente previa prestación de garantía, se haya constatado la efectiva presentación de la misma en provecho del deudor a quien se le ejecuta la sentencia.
5.     Que el alguacil solicitante no se encuentre suspendido en el ejercicio de su ministerio, ni haya sido destituido del cargo.

Párrafo: No se exigirá el requisito previo de notificación de la sentencia, acto o título ejecutorio para los fines del presente reglamento, cuando la sentencia, acto o titulo, sea ejecutorio sobre minuta u original por disposición de la ley.

Artículo 5.- Toda solicitud de  otorgamiento de fuerza pública deberá ser dirigida al Fiscal Adjunto Encargado de asuntos de Fuerza Pública de la Procuraduría Fiscal correspondiente, mediante instancia escrita en máquina, debidamente firmada por el ministerial o funcionario encargado de la ejecución, con su correspondiente sello gomígrafo, en donde se hagan constar, al menos, las siguientes informaciones:

1.    Nombre completo, domicilio real, cédula de identidad y electoral, y demás generales del curial o funcionario solicitante; así como del tribunal al que pertenezca.
2.    Nombre completo y demás generales de la persona  a cuyo requerimiento actúa el ministerial solicitante. En caso de ser una persona moral, se deberá especificar el domicilio social de dicha entidad y las generales de su representante legal.
3.    Actuación específica para la cual se solicita el auxilio de la fuerza pública.
4.    Lugar o lugares en donde se llevará a efecto la actuación para la cual se solicita el auxilio de la fuerza pública.
5.    En caso de embargo conservatorio, copia ya sea de la disposición legal, o bien, de la ordenanza civil o comercial que autorice a trabar embargo conservatorio, o de la sentencia no ejecutoria en cuya virtud se pretenda trabar. Para los embargos ejecutivos, se requerirá copia del acto de mandamiento de pago tendiente al embargo, debidamente registrado en Registro Civil que corresponda, en adición a una copia del título ejecutorio en virtud del cual pretenda actuarse. En el caso de las sentencias, se requerirá la prueba de su notificación, y si no se trata de una ejecución provisional, es necesario demostrar la no interposición de recursos suspensivos en su contra.
6.    Impuestos correspondientes.

Artículo 6.- En todos los casos, deberán depositarse los documentos en copias fotostáticas, presentando los originales de los documentos al momento del depósito, en aras de comparar y verificar la fidelidad de las copias. Ninguna solicitud incompleta deberá ser recibida. El acuse de recibo de una solicitud de fuerza pública crea una presunción de que la misma cumple con todos los requerimientos de forma establecidos por las leyes y por el presente reglamento.

Párrafo: El ministerial no podrá trasladarse a lugares ni direcciones distintas a la (s) que conste (n) en el auto que contiene el otorgamiento de la fuerza pública, por lo que si al momento de la ejecución surge la necesidad de un cambio de dirección deberá dirigirse al fiscal adjunto encargado de ese departamento, quien valorará la justificación de dicho cambio a fin de determinar si procede o no. 

Artículo 7.- El auto será emitido dentro un plazo no mayor de quince (15) días a partir del depósito de una solicitud, la misma será admitida por simple auto no motivado concediendo el auxilio de la fuerza pública, o bien podrá ser rechazada mediante auto motivado, explicando las razones de la improcedencia en derecho de la denegación de este servicio público.

Párrafo I: El plazo antes señalado solo podrá ser extendido en los casos excepcionales en los que para el otorgamiento de la fuerza pública se haga necesaria la realización de experticios o investigaciones que requieran de un tiempo mas amplio a los fines evitar errores, o bien para prevenir irregularidades al momento de la ejecución.

Párrafo II: En todos los casos de desalojo, el otorgamiento de la fuerza pública estará precedido de la notificación a la parte perseguida de un oficio contentivo de un plazo de no menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) días a fin de dar oportunidad a que la parte perseguida proceda a desalojar voluntariamente el inmueble de que se trate. El punto de partida de este plazo será la notificación del oficio que emitirá a tales efectos la Fiscalía, y a cuyo vencimiento, si no ha obtemperado, se procederá a la respectiva autorización para la intervención de la fuerza pública.

Artículo 8.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el párrafo, del Artículo 2 de este Reglamento, a los fines de no otorgamiento o suspensión de la fuerza pública, sólo podrán tomarse en cuenta las sentencias u ordenanzas definitivas que ordenen expresamente la suspensión de la ejecución de la sentencia, ordenanza o título ejecutorio correspondiente, y que hayan sido previamente notificadas al Fiscal encargado de la Fuerza Pública, así como el ejercicio de recursos suspensivos respecto de las sentencias contra las cuales procedan. En los demás casos, una vez otorgada la fuerza pública para trabar embargos ejecutivos o  medidas de carácter conservatorio, la Fiscalía no la revocará, salvo que sean falsas, dolosas o fraudulentas; o que el ministerial incumpla con las condiciones establecidas por el presente Reglamento. Todo lo anterior sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento relativas a la persecución de sanciones penales y administrativas.

Párrafo.- Queda formalmente establecido por este Reglamento que en cuanto a las demandas en suspensión de la ejecución de las sentencias, la  sola notificación o apoderamiento del Juez de los Referimientos no será suspensivo de los efectos de las mismas. 

Artículo 9.- Siempre que un ministerial incumpla las condiciones puestas por el Ministerio Público para la prestación del servicio del auxilio de la fuerza pública, antes de que se lleve a cabo la medida conservatoria o vía de ejecución correspondiente, la fuerza pública será revocada de inmediato, ordenándose el retiro de la dotación policial de la escena de la ejecución, tomando siempre las previsiones de lugar para garantizar el orden público y la integridad de todas las personas presentes en el lugar de la ejecución.

Artículo 10.- Siempre que se compruebe el uso irregular y arbitrario del servicio que nos ocupa, el Ministerio Público demandará ante los tribunales civiles, y a nombre del Estado Dominicano, la restitución de los gastos incurridos en ocasión de la concesión de la fuerza pública, y la reparación de los daños materiales y morales que dicha situación haya podido causarle a las arcas públicas; en adición a la persecución de la imposición de las sanciones de rigor, en contra de los curiales que incurran en tales prácticas.

Artículo 11.- Siempre que se demuestre la comisión de atropellos de parte de los ministeriales, respecto de los deudores en contra de los cuales se traben medidas conservatorias o se ejerzan las vías de ejecución, las Fiscalías  denunciarán tales hechos al Procurador General de la República y a los superiores jerárquicos del oficial público actuante, a fin de que se proceda a la imposición de las sanciones disciplinarias pertinentes, siempre que la gravedad de la falta así lo amerite. De igual modo, las fiscalías no prestarán el concurso de la fuerza pública en provecho de ningún ministerial que se encuentre sometido a un proceso disciplinario por los motivos citados anteriormente.

Artículo 12.- Cada vez que se reúnan los medios de prueba que permitan razonablemente acusar a un ministerial de haber cometido una falsedad al momento de levantar un proceso verbal de embargo (ejecutivo o conservatorio) o de desalojo, así como cualesquiera de los actos propios de la ejecución que haya sido instrumentado por el ministerial  con la intención de perjudicar al persiguiente o al deudor, la fiscalía presentará cargos en contra del mismo, por la comisión del crimen de falsedad en escritura pública, y solicitará en su contra las medidas de coerción que entienda pertinentes, en aras de garantizar su enjuiciamiento y tratar de obtener su condenación.

Artículo 13.- El presente Reglamento tiene carácter imperativo para todos los funcionarios que intervengan en el servicio de la fuerza pública muy especialmente para el Fiscal Adjunto a cargo de los asuntos de Fuerza Pública, quien deberá acatarlo ajustándose a sus disposiciones y velando por su fiel cumplimiento; en caso contrario, incurrirá en falta que podrá dar lugar a su sometimiento ante la dependencia correspondiente a fin de que se tomen las medidas de lugar o se impongan las sanciones disciplinarias pertinentes conforme las disposiciones de la Ley 78-03, del 15 de abril del 2003, que instituye el Estatuto del Ministerio Público y al reglamento disciplinario establecido.

Artículo 14.- Incurrirá en falta  grave que dará a lugar a  su sometimiento o acusación ministerial que a sabiendas de que necesita el auxilio de la fuerza pública no la solicitare por la vía y forma correspondiente, y en cambio se hiciere acompañar de manera irregular por otros agentes de la policía o el ejercito nacional. De la misma manera incurrirán en falta pudiendo ser sancionados penal o disciplinariamente los agentes policiales o militares que se presten a tales acompañamientos irregulares, toda vez que  esa función compete  única y exclusivamente a los agentes policiales adscritos al servicio de Fuerza Pública de las Procuradurías Fiscales.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil cinco (2005), años 162 de la Independencia y 143 de la Restauración.



LIC. FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA



LIC. GLADYS ESTHER SÁNCHEZ RICHIEZ
SECRETARIA GENERAL






DESCRIPCION DE LA CIRCULAR INPUGNADA.



Contenido del texto:
CIRCULAR
A                                     :     Alguaciles de Estrados y Ordinarios.
Asunto                              :     Recordatorio del cumplimiento de las
Disposiciones legales que regulan su ejercicio
Fecha                                :     4 de abril 2012
Por instrucciones del Presidente de la Suprema Corte de Justicia y Presidente del Consejo del Poder Judicial, Dr. Mariano Germán Mejía. Se les informa que el Consejo del Poder Judicial tiene el control disciplinario sobre los servidores judiciales, por lo que como Oficiales Públicos designados por el Poder judicial, están ustedes vinculados al respecto irrestricto del Código de Comportamiento Ético y, por lo tanto, a salvaguardar en sus actuaciones los principio que le rigen.
Están ustedes pues obligados al cumplimiento de la normativa vigente sobre el ejercicio ministerial, en consecuencia deben obtener la Autorización de la Fuerza Pública, para todas las ejecuciones y dar cabal cumplimiento a la Resolución Núm. 14379-05, de fecha 11 de Noviembre de 2005, emitida por la procuraduría General de la República, que regula su otorgamiento. Toda actuación, en violación a las normas, tendrá consecuencia disciplinaria.
Atentamente
Ramón Jaquez Lirianzo
Director General Interino


FUNDAMENTOS DE LA ACCION EN CONSTITUCIONALIDAD:

Primero:

Violación a leyes adjetivas.

La resolución No. 14379 de fecha 11 de noviembre del año2005, dictada por el Procurador General de la Republica y la circular de fecha 4 de abril del año 2012, colisionan, chocan y entran en contradicción con la Constitución de la Republica, La Jurisprudencia, leyes adjetivas y práctica de nuestro país. No Existe ley, ni jurisprudencia, ni norma del estamento jurídico que prohíba ejecuciones sin el auxilio de la fuerza publica.

El art. 14 de dicha resolución establece lo siguiente: Artículo 14.- Incurrirá en falta  grave que dará a lugar a  su sometimiento o acusación ministerial que a sabiendas de que necesita el auxilio de la fuerza pública no la solicitare por la vía y forma correspondiente, y en cambio se hiciere acompañar de manera irregular por otros agentes de la policía o el ejercito nacional. De la misma manera incurrirán en falta pudiendo ser sancionados penal o disciplinariamente los agentes policiales o militares que se presten a tales acompañamientos irregulares, toda vez que  esa función compete  única y exclusivamente a los agentes policiales adscritos al servicio de Fuerza Pública de las Procuradurías Fiscales.
Este articulo al igual que dicha circular que ordena el cumplimiento  de dicha resolución, entra en contradicción con los art. 545 parte In fine  del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que : Sin perjuicio de las demás atribuciones que le confieren las leyes, es obligación general de los representantes del ministerio público, de los alguaciles y de los funcionarios a quienes está encomendado el deposito de la fuerza publica, presentar sus concurso para la ejecución de las sentencias y actos que conforme  esta articulo están investidos de fuerzas ejecutorias, SIEMPRE QUE LEGALMENTE SE LE REQUIERA A ELLOS.

Como se puede comprobar el auxilio de la fuerza pública no es obligatorio  sino opcional, y mucho menos prescribe sanción contra el que no la solicite como establece categóricamente el Art. 14 de dicha resolución.

Igualmente entra en contradicción con el art. 103 del Código Tributario el cual dice: Cuando el funcionario actuante encontrare oposición por parte del embargado o terceras personas que hagan impracticable o insuficiente el embargo, podrá aquel requerir directamente el auxilio de la fuerza publica para trabar el mismo.

Por igual entra en contradicción con el art. 587 del Código de procedimiento Civil el cual establece: Art. 587 .- Si las puertas del edificio,   en donde deba   practicarse el embargo,    estuvieren Cerradas o se rehusare abrirlas, el alguacil podrá  establecer vigilantes en las puertas, que impidan la sustracción de los objetos; recurrirá   en el instante,  sin citación, ante el juez de paz, y a falta de éste, ante el comisario de la policía, y en los lugares donde no hubiere ni una ni otra autoridad ante el inspector de agricultura y el alcalde pedáneo, en presencia de los cuales tendrá lugar la apertura de las puertas del edificio, y aun de los muebles cerrados, a medida que los procedimientos para el embargo lo vayan requiriendo. El funcionario que se transportare, no redactará acta; pero sí firmará la del alguacil, el que no podrá extender de todo sino una sola acta.

Es claro, evidente que dicha resolución y Circular entran en contradicción con  artículos de las leyes adjetivas, que no obligan ni sancionan la ejecución de embargos sin el auxilio de la fuerza publica con establece dicho articulo.

Que el ministerio público no puede dictar normas sancionadoras general, cuando las leyes adjetivas no las contemplan, pues estaría usurpando las funciones del legislador, en franca violación a la Constitución en su art. 96 y siguiente sobre la formación de las leyes la cual corresponde al Congreso Nacional. Igualmente en contradicción con el Art. 28 inciso b, el cual establece la prerrogativa el Presidente de la Republica Para dictar reglamentos, resolución y leyes para el publico en general. De igual manera la circular de fecha 4 de abril 2012, viola la Constitución en su art. 40, inciso 15, al ordenar a los ministeriales que hagan lo que la ley no manda.

El Ministerio Publico no tiene prerrogativas de poder reglamentario para dictar reglamentos o resoluciones obligatorio para el publico, pues no consta en la ley 133-11, ni tampoco existe una ley especial dictada a esos fines, por tanto El otorgamiento del Auxilio de la Fuerza Publica no es obligatorio, ni puede ser sancionador en caso de ejecuciones sin el otorgamiento de ella.

Que el art. 14 de dicha resolución establece que incurrirá en falta grave que dará a sometimiento o acusación al ministerial que no use la fuerza publica, incurriendo en violación a la constitución en su art. 40, incido 15   del cual establece que: A nadie se puede obligar hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. Por lo que dicho reglamento viola también dicho precepto constitucional.

Que lo que establece la ley 133-11, en su art. 26, inciso 14 son: los requisitos para su otorgamiento, a los fines de preservar la integridad del alguacil, si éste lo solicita y cree necesario.

Por lo que un Reglamento es una norma secundaria, subalterna, inferior de una ley, no puede contradecir lo establecido en leyes, pues deviene en inconstitucional.

La resolución 14379, dictada por  el ministerio publico en su articulo 14, deja sin efecto preceptos legales y contradice los Art. 545 y 587 del Código de Procedimiento Civil y 103 de la ley Monetaria, 539 y 731 del Código de Trabajo, ya que excluye y limita las estipulaciones contenidas en dichos artículos Provenientes del leyes adjetivas. De igual manera la circular de fecha 4 de abril del año 2012, la cual impone a los ministeriales la autorización de la fuerza publica PARA TODAS LAS EJECUCIONES en violación a la constitución y las leyes adjetivas.

Es bueno enfatizar que los reglamentos están subordinados a la ley, y ésta a la Constitución, por lo que no la puede contradecir, caso en la especie, pues entra en contradicción con la constitución en su art. 40, inciso 15. Que al violar el art. 40, inciso 15 dicha resolución debe ser declarada inconstitucional.

En definitiva lo normado en dicha resolución, especialmente en su art. 14, se encuentra normado a nivel de ley y la constitución de la republica. Por tanto dicho resolución debe ser declarada inconstitucional.

Bien lo dice uno de los -Por Cuanto ultimo- de dicha resolución, específicamente en la pág. 4, la cual dice de la manera siguiente:

Corresponde al procurador General de la Republica, de  conformidad con la indicada ley 78-03, dictar la reglamentación interna del Ministerio Publico.

Es decir Reglamentar  internamente a sus subalternos, no al publico, cual es facultad del presidente de la republica, según establece la Constitución en su art. 128, inciso b., por lo que dicho reglamento contraviene la Constitución en uno de sus principios establecido en el art. 6.


Segundo.


Violación a la Constitución Dominicana del 2010.
En su art. 28, Numeral b. y 40, inciso 15

La resolución o reglamento objeto del presente recurso en declaratoria de inconstitucionalidad, deviene en inconstitucional a la luz de lo establecido en el art. 128, inciso b, el cual establece que: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. La o El Presidente de la Republica dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y demás cuerpos de la seguridad del Estado.

1- En su condición de jefe de Estado le corresponde:

b)    Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. Expedir decretos, reglamentos e instrucciones cuando fuere necesario.

Visto lo anterior, el procurador de la republica en ese entonces violo y viola la constitución de la Republica al dictar dicha Resolución o Reglamento para el publico, pues no tiene poder reglamentario, ni tampoco ha sido dado por ninguna disposición legal especial, sino que esa prerrogativa le corresponde y dada al presidente de la Republica.

Que dicha resolución o reglamento se refiere a los ministeriales y militares y policías que no corresponden al servicio de la fuerza pública y mucho menos adscritos a la fiscalía como establece la ley 133-11.

Que el art. 13 de dicha resolución estable que dicho reglamento es de carácter imperativo para todos los funcionarios que intervengan  en el servicio de la fuerza publica, refiriéndose a otros funcionarios que se encuentran fuera de su competencia y subordinación. Por lo que esa faculta solo corresponde al Presidente de la Republica, según establece la Constitución.

Solo el Presidente de la Republica en atención a los preceptos establecidos en la Constitución, los Tratados, Convención y Pactos Internacionales, algunas instituciones y organismos ordenados excepcionalmente por alguna ley especial, tienen poder reglamentario, no el Procurador General de la Republica, el cual puede Reglamentar pero solo en cuanto a sus dependientes y su dependencia, no al publico en general como ocurre con dicho resolución o reglamento, por lo que debe ser declarado inconstitucional en todas sus partes por ser contrario a la Constitución.

Tercero:

VIOLACION AL ART. 40, INCISO 15 DE LA CONSTITUCION.

Art. 40, inciso 15, de la Constitución establece que: A nadie se puede obligar hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos, Solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más de lo que le perjudica.

Nada impide realizar embargos sin el auxilio de la fuerza publica, ni la ley, ni la jurisprudencia, ni la Constitución, ni ninguna norma la prohíben ni la sancionan, por tanto, dicha resolución o reglamento, al igual que dicho oficio de fecha 4 de abril 2012,  en su articulo 14, es violatorio de todo incurriendo en una violación constitucional. Los art. 545, 103, no lo sancionan y limitan a nadie en sentido general, como hace dicha resolución  violatoria de la Constitución  en su art. 40, inciso 15 y las leyes adjetivas.


Que el Tribunal Constitucional en su papel de guardián a la supremacía de la Constitución tiene el deber de efectuar un juicio a dicha resolución o reglamento, al igual que la circular de fecha 4 de abril 2012 y su conformidad con la Constitución,  con el objetivo de determinar si ese reglamento, y la circular son contrario a la constitución, tanto en la calidad para Reglamentar, obligar hacer lo que la ley no prohíbe, y determinar si es conforme o no a las leyes, tratados, pactos, convenciones internacionales, opiniones consultivas de la corte interamericano de los derechos humanos y la constitución.

Que el art. 6 del Constitución establece ¨ Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución.

Cuarto.

VIOLACION AL ART. 74, ORDINALES 1,2,3,4 DE LA CONSTITUCION

DE LOS PRINCIPIOS DE APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENTALES.

Art. 74.- Principio de Reglamentación e interpretación. La interpretaron y reglamentación  de los derechos y garantías  fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes:

1)    NO tienen carácter limitativo y, por consiguientes, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza.
2)    Solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad.
3)    Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, sucritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.
4)    Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido mas favorable a la persona titular de los mismos y, en casos de conflicto entre derechos fundamentales, protegidos por esta Constitución.


Es evidente que dicho reglamento o resolución no. 14279-05, de fecha 11 de noviembre del año 2005, debe ser declarado nulo y no conforme a la Constitución, en el entendido, que el Procurador General de La Republica NO TIENE FACULTAD PARA REGLAMENTAL AL PUBLICO, con el propósito de regular el ejercicio de los derechos y garantías, cuales solo pueden limitarse por ley, tal y como establece el art. 74, inciso 2, además de que en ves de regular los derechos de los titulares de derechos llámese alguacil o titulares de derechos en sentencias emitidas por el tren judicial, lo que hace es LIMITARLOS, en violación a la Constitución por medios de dicha resolución y la circular de fecha 4 de abril del año 2012, por lo que dicha actuaciones son contrarias a la Constitución, y en virtud del art. 6 y 74 deben ser declaradas no conforme a la Constitución.



Quinto.

VIOLACION AL ART. 73 DE LA CONSTITUCION
NULIDA DE LOS ACTOS QUE SUBVIERTAN EL ORDEN CONSTITUCIONAL.

Este art.73 de la Constitución Reza de la manera siguiente: Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada.

Es evidente que dicho reglamento o resolución no. 14279-05, de fecha 11 de noviembre del año 2005, debe ser declarado nulo y no conforme a la Constitución, en el entendido, que el Procurador General de La Republica NO TIENE FACULTAD PARA REGLAMENTAL AL PUBLICO, y mucho menos para poner sanción o algún tipo de medida, eso podría ser, pero solo son sus subalterno, no con alguaciles y militares o personas que de están bajo su mando, por lo que, es claro, evidente que al emitir dicho reglamento ha usurpado prerrogativas que corresponden a otras autoridades, situación que viola la constitución, y de acuerdo al art. 6 y 73  debe ser declarado nulo por ser contrario a la Carta Magna.

De igual forma la Circular de fecha 4 de abril del año 2012, altera el orden constitucional, pues contradice lo establecido en los art. 545 del Código Civil, 103 de la ley Monetaria y Financiero y la Constitución de la Republica en los art. 73, 40 inciso 15, 6 y 68 69 de la Constitución, pues esta instrucción a los ministeriales obligándole hacer lo que no establece la Constitución, altera, subvierte el orden constitucional.

En ese orden de ideas La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en un razonamiento medular en el caso de Baena Ricardo y otros, supra nota. 27, pag. 124., reiterado por la honorable Corte Interamericana de los derechos humanos

En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración  tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos,  el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentra regulada, y ésta no pude invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados.

Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso.

Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber, las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar  los derechos de las personas.

El voto razonado del juez Sergio García Ramírez, en la opinión Consultiva antes mencionada oc.18/03, permite ilustrar mas lo planteado y fortalecer las garantías consagradas en el art. 8.1 y 8.2 de la Convención Americana. Expresó:

La proclamación de derechos sin la provisión de garantías para hacerlos valer queda en el vacío.  Se convierte en una formulación estéril, que siembra expectativa y produce frustraciones. Por ello es preciso establecer las garantías que permitan reclamar el reconocimiento de los derechos, recuperarlos cuando han sido reconocidos, restablecerlos sin fueron vulnerados y ponerlos en practica cuando su ejercicio tropieza con obstáculo indebidos.

El debido proceso es el medio  consecuente mas avanzado concepto de los derechos humanos para asegurar la efectiva realización de los derechos.



No es posible, que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, ordene el cumplimiento de una resolución ilegal, contraria a las leyes adjetivas y contraria a los preceptos constitucionales.


Esta decisiones, las cuales tienen rangos constitucional en nuestro país, confirman la violación a nuestra carta magna, sobre usurpación, intromisión y alteración del orden constitucional por dicha Resolución y la Circular de fecha 4 de abril del año 2012, la cuales son contrarias a la Constitución, a los pactos, convenciones y tratados internaciones ratificados por el Estado Dominicano, a las decisiones de la Corte Interamericano de Derechos Humanos y las Opiniones cultivas de esta Organismo.

Estableció el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 13 de junio 2012, que: Estas actuaciones son contraria al principio de legalidad que consagra el imperio del Derecho y descansa claramente en la idea de que los poderes públicos no pueden actuar de manera arbitraria, que deben enmarcar sus actuaciones de conformidad con los procedimientos reconocidos en la Constitución y las leyes.

La ley no obliga al uso de la fuerza publica, sino que es opcional, no por un mandato obligatorio de la ley, o como a ordenado la Suprema Corte de Justicia en su comunicación de fecha 4 de abril 2012, el cumplimiento de un reglamento totalmente ilegal, usurpado de una autoridad a quien no corresponde normal, y sobre todo contrario a la Constitución. Por tanto, en virtud de la Supremacía de la Constitución debe hacer ésta honorable corte un juicio  a los actos impugnados y decir si son conforme o no a la Ley de Leyes, la cual en su articulo 6 dice: Todas las personas y los órganos que ejercen potestades publicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contraria esta Constitución.

Este principio se complementa en la ley orgánica al disponer el principio de ¨ INCONVABILIDAD y OFICIOCIODAD ¨ la infracción de los valores, principios y reglas constitucionales esta sancionada con la nulidad y se prohíbe su subsanación o convalidación ¨.

La inconstitucionalidad, por tanto, no solo se produce por violación directa de las normas constitucionales, sino de los valores, principios y reglas constitucionales, como lo indica el artículo 6 de la ley Orgánica.



La Constitución se tiene infringida:

Cuando haya contradicción del texto de la norma, acto u omisión cuestionado, de sus efectos o de su interpretación o aplicación con los valores, principios y reglas contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la Republica Dominicana o cuando los mismo tengan  como consecuencia restar efectividad a los principios y mandatos contenidos en los mismos ¨.



VIOLACION AL ART. 69 DE LA CONSTITUCION.
SOBRE EL     DEBIDO PROCESO.


La resolución No. 14379 de fecha 11 de noviembre del año2005, dictada por el Procurador General de la Republica y la circular de fecha 4 de abril del año 2012, viola 1)  El Debido Proceso, 2) La Garantía fundamental de la ejecución de las sentencias o derecho a la tutela judicial efectiva.

La Suprema Corte de Justicia, en su atinada resolución No. 1920-3, expresa que el bloque de constitucionalidad esta compuesto por la Constitución de la Republica y las jurisprudencia constitucional local, tanto la dictada por control difuso (art. 188. ley de leyes), como las dictadas por control concentrado ( art. 185 ley de leyes), así como también por los pactos, convenciones, tratados internacionales, las opiniones consultivas y decisiones emanadas de la Corte interamericana de Derechos Humanos.

En sentencia de fecha 11 de agosto del año 2004, el pleno de la Suprema Corte de Justicia expreso lo siguiente:

¨….. es admitido como principio vinculante que los jueces del orden judicial están obligados a aplicar las disposiciones contenidas en el bloque de constitucionalidad, fuerte primaria y superior de sus decisiones….¨

Establecer la resolución impugnada, así como la orden de cumplimiento de fecha 4 de abril 2012, la obligación de usar la fuerza publica para todas las ejecuciones, exigiendo a los ministeriales  hacer lo que la Constitución no manda, e impedir lo que la ley no prohíbe ( art. 40, inciso 15), solo al capricho del Ministerio publico, quien nunca otorgara la fuerza publica para ejecutar al propio Estado (caso en la especie),  en violación además a las leyes adjetivas descritas anteriormente, es convertir  en simple ¨ declaraciones de derechos reconocidos o un pedazo de papel ¨ una sentencia cuya causa ultima como acto jurídico del propio estado, es precisamente su realización efectiva a través de la ejecución.

Un derecho reconocido por una sentencia definitiva, como es el caso en cuestión, sin poder ejecutarla, se convierte en una simple proclama escrita de derechos, totalmente ilusorio e irreal.

La ley laboral en su Art. 539, establece que las sentencias laborales son ejecutorias al 3 día de su notificación, salvo consignación del duplo de las condenaciones; ejecuciones estas que no están al capricho de una resolución, o una circular para su realización, ninguna de estos 2 actos están por encima de la ley y la Constitución.

Un titulo ejecutorio no es una mera recomendación a la parte condenada, ni un documento de reconocimiento de derechos, sino un acto de una autoridad competente, contentivo de una orden imperativa y obligatoria que impone el Estado mediante el ¨IMPERIUM¨ corresponde al Poder Judicial, el cual debe tener la garantía de ejecutarse aun en contra del consentimiento del deudor o de la protección por actos y reglamentos de  autoridad usurpada, como ocurre en la especi.


Un Estado de derecho debe hacer cumplir sus mandatos, los cuales se concretizan a través de las ejecuciones de sentencias, no puede haber actos ni reglamentos que impidan esa garantía. En un Estado de derecho, el mismo debe tener la capacidad de garantizar a sus ciudadanos y a todo ser humano sus derechos fundamentales, y la ejecución de sentencia de conformidad con las leyes, es respetar el debido proceso, situación que es quebrantada por la resolución 14379 del 11 de 11 del 2005, igualmente la Circular de fecha 4 de abril del año 2012, las cuales violan el art. 7,8 69 y 40, 273, 96, 28 inciso b y 6 de la Constitución, y los art. 545,587, del Código Civil, 539 y 731 del Código de Trabajo, el art. La ley 183-02 monetaria y financiera, y  art. 25.1y 2 de la Convención America de los Derechos Humanos, por lo que, dicho reglamento y circular deben ser declarados no conforme a la Constitución.

El derecho a la tutela judicial efectiva no es un derecho de libertad que pueda ejercerse directamente. Es el derecho a recibir la prestación de ese servicio público llamado justicia por parte del Estado, el cual puede ser reclamado conforme determina la Constitución, los tratados internacionales y las leyes adjetivas.

La institución de ese servicio, DE USE ELEVADO PRINCIPIO PARA EL CUAL FUERON CREADAS LAS LEYES LLAMADO (justicia) y el derecho de acceso a ella por cualquier persona, impiden al legislador, al funcionario público la creación de obstáculos irracionales que impidan su efectividad, y los ACTOS IMPUGNADOS lo son.

El Derecho a la tutela judicial efectiva da lugar a muchos derechos protegidos por la Constitución, y uno de ellos es ¨ el derecho a ejecutar la sentencia en su provecho con los procedimientos establecidos por las leyes. Los documentos impugnados, a pesar de que son ilegales, provienen de autoridad usurpada, son violatoria del debido proceso ( art. 69 de la leyes de leyes).

Obligar, impedir la ejecución de una sentencia tal como establece dicho reglamento y Circular, es anular lo establecido en las leyes adjetivas, la Constitución de la Republica, y sobre todo en el art. 8.1 de la Declaración Universa de los Derechos Humanos, 25 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos humanos o pacto de San José, y el art. 2.3 del pacto internacional de Derechos Civiles y Político.

Al respecto, taxativamente estableció la Suprema Corte de Justicia, mediante su resolución 1920-03 lo siguiente:

¨ Atendido, que una norma o acto publico o privado, solo es valido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, este razonablemente fundado y justificado dentro de los principios constitucionales ´¨.

Atendido; que estas garantías son reglas mínimas que deben ser observadas por todos los procesos, incluyendo los laborales, civiles, administrativos, fiscal, disciplinarios o de cualquier otro carácter.

Estas garantías procuran asegurar que ninguna persona, puede ser privada de sus derechos, y reclamarlos ante los tribunales de justicia, y no podrán ser sometidos por el Estado, por sus autoridades y órganos jurisdiccionales a una pena, procedimiento o tratamiento arbitrario e irrazonable, como ocurre en la especie.

La Suprema Corte de Justicia, no puede ordenar a un ministerial que cumpla lo que no esta prohibido por la ley, irrespetando las leyes, y la Constitución, y por demás una resolución ilegal a la luz de lo establecido en el Art. 128, inciso b, de la Constitución.

De conformidad con la jurisprudencia constitucional iberoamericana, la ejecución de las sentencias es una garantía inherente a la tutela judicial efectiva o debido proceso, consustancial a la obligación de decidir y al acceso a la justicia.

El deber del Poder judicial  es proteger la eficacia de sus decisiones y respetar los procedimientos establecidos en las leyes, ya que en dicha ejecutoriedad reside la verdadera autoridad de ese poder del Estado democrático, el cual se traduce justicia.



Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales.

La Constitución Garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a las personas la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.

Los actos impugnados, contrario a lo establecido en el art. 68 de la Constitución, no garantizan la efectividad de la ejecución de las sentencias, pues en ves de sujetarse a lo establecido en la ley, lo que hace es limitarla arbitrariamente con dicho reglamente. El art. 26, ordinar 14, solo habla de canalizar la fuerza publica, pero solo si es requerida por el ministerial, no una imposición IMPERATIVA, tal y como establece el art. 3 de la resolución cuestionada, a todo luz contraria a la Ley de Leyes.

La Constitución debe garantizar la efectividad de un derecho establecido y reconocido en una sentencia emanada por el propio Estado, y además proteger los procedimientos establecidos por ley, como es el caso de los art. 545, 857 del Código Civil, los cuales establecen un procedimiento a los fines de ejecución.


Y yo pregunto ¿ CUAL SERIA EL FUTURO DE ESTADO DE DERECHO DONDE LOS DERECHOS Y GARANTIAS PUEDAN SER LIMITADOS POR RGLAMENTO HECHO CON EL CAPRICHO Y ARBITRARIEDAD DE UN FUNCIONARIO PUBLICO ?, el Tribunal constitucional esta en el deber de defender la Constitución y su Supremacía, declarando dichas actuaciones NO CONFORMER A LA CONSTITUCION.



PRINCIPIOS Y VIOLADOS DE LA CONSTITUCION

Principio de Supremacía de la Constitución

Principio de Razonabilidad

Principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales.


TEXTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS

Que establece el art. 69  Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e interés legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen.

128, inciso b, el cual establece que : ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. La o El Presidente de la Republica dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y demás cuerpos de la seguridad del Estado

Que el art. 6 del Constitución establece ¨ Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución.


Art. 40, inciso 15, de la Constitución establece que : A nadie se puede obligar hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos, Solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más de lo que le perjudica.

Art. 73,  Reza de la manera siguiente: Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada

Art. 96, de la Constitución.

Art. 74.- Principio de Reglamentación e interpretación. La interpretaron y reglamentación  de los derechos y garantías  fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes:

1-NO tienen carácter limitativo y, por consiguientes, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza.
2-Solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad.
3-Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, sucritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.
4-Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido mas favorable a la persona titular de los mismos y, en casos de conflicto entre derechos fundamentales, protegidos por esta Constitución.


Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales.

La Constitución Garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a las personas la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.


Artículos de Leyes adjetivas violados

art. 545 parte In fine  del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que : Sin perjuicio de las demás atribuciones que le confieren las leyes, es obligación general de los representantes del ministerio público, de los alguaciles y de los funcionarios a quienes está encomendado el deposito de la fuerza publica, presentar sus concurso para la ejecución de las sentencias y actos que conforme  esta articulo están investidos de fuerzas ejecutorias, SIEMPRE QUE LEGALMENTE SE LE REQUIERA A ELLOS.


art. 103 del Código Tributario el cual dice: Cuando el funcionario actuante encontrare oposición por parte del embargado o terceras personas que hagan impracticable o insuficiente el embargo, podrá aquel requerir directamente el auxilio de la fuerza publica para trabar el mismo.

Art. 587 código procedimiento civil .- Si las puertas del edificio,   en donde deba   practicarse el embargo,    estuvieren Cerradas o se rehusare abrirlas, el alguacil podrá  establecer vigilantes en las puertas, que impidan la sustracción de los objetos; recurrirá   en el instante,  sin citación, ante el juez de paz, y a falta de éste, ante el comisario de la policía, y en los lugares donde no hubiere ni una ni otra autoridad ante el inspector de agricultura y el alcalde pedáneo, en presencia de los cuales tendrá lugar la apertura de las puertas del edificio, y aun de los muebles cerrados, a medida que los procedimientos para el embargo lo vayan requiriendo. El funcionario que se transportare, no redactará acta; pero sí firmará la del alguacil, el que no podrá extender de todo sino una sola acta.

La ley laboral en su Art. 539, establece que las sentencias laborales son ejecutorias al 3 día de su notificación, salvo consignación del duplo de las condenaciones; ejecuciones estas que no están al capricho de una resolución, o una circular para su realización, ninguna de estos 2 actos están por encima de la ley y la Constitución

Art. 731 del Código de Trabajo, sobre sentencias definitivas y su inembargabilidad.


DOCTRINA


El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas en su preámbulo, parte “Considerando que, conforme a los principios enunciados por la Carta de Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables.”, como asimismo, reconoce “que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana”.

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, precisa en su preámbulo que, “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos

Eduardo García  dice: que en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva está el derecho a obtener la ejecución de los fallos, que dicho derecho fundamental no se satisface simplemente con un fallo declarativo".


Chang y Alfonso el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es de carácter público y subjetivo, por cuanto toda persona (sea natural o jurídica, nacional o extranjera, capaz o incapaz, de derecho público o privado; Aún el concebido tiene capacidad de goce), por el sólo hecho de serlo, tiene la facultad para dirigirse al Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales competentes, y exigirle la tutela jurídica plena de sus intereses. Este derecho se manifiesta procesalmente de dos maneras: el derecho de acción y el derecho de contradicción».

Y, precisamente, uno de los elementos característicos y de los más conspicuos del derecho a la tutela judicial efectiva lo constituye el derecho que tiene el justiciable a la ejecución del fallo que le favorezca, definido como «el derecho a solicitar y obtener el cumplimiento material efectivo de la sentencia definitiva, pues resulta insuficiente la declaración de que la pretensión es fundada o infundada (aún cuando se sustente en sólidos fundamentos doctrinarios). La efectividad de las sentencias exige, también, que ésta se cumpla (pese a la negativa del obligado) y que quien recurre sea repuesto en su derecho violado y compensado, si hubiera lugar a ello, por los daños y perjuicios irrogados; de lo contrario, las sentencias, y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan a favor de alguna de las partes, se convertirían en meras declaraciones de intenciones. En este sentido, Jesús González Pérez ha señalado que: "El derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la justicia, segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y poder obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada la sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia"».

En virtud de principio de oficiosidad, establecido en la ley 137-11, sobre procedimientos constitucionales, este tribunal debe adoptar de oficio, las medidas necesarias para garantizar la supremacía de la Constitución, y el pleno goce de los derechos fundamentales, así como la defensa del orden constitucional aunque no hayan sido invocados por las partes o las hayan utilizado erróneamente.



Solo quisiera recordarles a sus ilustrísimas  Señorías, que su único cometido es velar por la Constitución, la Ley y la Justicia, y dictar las sentencias que consideren adecuadas a cada caso según las pruebas aportadas, y las pruebas se encuentran en las violaciones a nuestra Carta Magna, leyes adjetivas y tratados, convenciones y pactos internacionales.


    CONCLUSIONES:

Por los motivos expuestos tanto de hecho, como de  derecho, y por aquellas que deberán ser suplidas por su elevado y egregio conocimiento, además, las que sean suplidas de oficios como corresponde en esta materia, solicitamos a vuestras ilustrísimas señorías muy respetuosamente os agrade fallar:

Primero: Declarar buena y valida la presente instancia en acción directa en inconstitucionalidad contra la resolución la resolución 14379 de fecha 11 de noviembre del año 2011, que crea el reglamento para el otorgamiento de la fuerza publica, normado por el Procurador fiscal para el publico y la circular emitida por la Suprema Corte de Justicia en fecha 4 de abril del año 2012.


Segundo: Declarar no conforme a la Constitución  la resolución 14379 de fecha 11 de noviembre del año 2011, que crea el reglamento para el otorgamiento de la fuerza publica, normado por el Procurador fiscal para el publico y la circular emitida por la Suprema Corte de Justicia en fecha 4 de abril del año 2012, en virtud de las violaciones expuestas.

Tercero: Que sea declarada la sentencia erga omnes por su carácter de orden publico y se a en tal virtud ordenada su publicación en uno de los periódicos de circulación nacional.


En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los once (10) días del mes de julio del año dos mil Doce (2012).

Lic. Miguel Aníbal De La Cruz
Abogado y accionarte.


Espero su ayuda y opinión.

Reclama sea declarada inconstitucionl resolución crea reglamento uso fuerza pública
 

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